“A los abogados de Atocha. Si el eco de su voz se debilita, pereceremos”

El día o la noche en que el olvido estalle
salte en pedazos o crepitel
los recuerdos atroces y de maravilla
quebrarán los barrotes de fuego
arrastrarán por fin la verdad por el mundo
y esa verdad será que no hay olvido.
Mario Benedetti

Siento decepcionaros: el título no es mío; es el recordatorio inscrito en una placa de granito, debajo de la estatua El abrazo de Juan Genovés, en la Plaza de Antón Martín. Enfrente se encuentra el portal de la calle Atocha, 55 (Madrid) donde, en el segundo piso, existió un antiguo despacho de abogados laboralistas. Y también, donde algunos de ellos, se toparon con la muerte una fría noche de Enero de 1977, durante la transición democrática. He aquí una muestra de la “ejemplar transición” de la que hablan algunos. En fin, dejemos el tema aparte; otro día hablamos de ello.
El próximo día 24 celebramos un triste aniversario. Hace 31 años que unos jóvenes de extrema derecha irrumpieron en el despacho y tirotearon a nueve personas. Cinco de ellas murieron: tres laboralistas, un estudiante y un representante sindical. No era un bufete de abogados cualquiera, se trataba de un despacho vinculado a CCOO y al Partido Comunista, con conciencia crítica, que creían en el colectivismo y su valor participativo en el ámbito político; que asesoraba a centenares de trabajadores y colaboraba con unas 500 asociaciones de vecinos de Madrid, para quienes los laboralistas representaban cierto consuelo, refugio y una esperanza de obtener la misma justicia que se reservaba a las clases pudientes. Un espacio, en definitiva, donde se fraguaba el movimiento obrero y ciudadano que sí debía ser modelo para un nuevo Estado.

Este brutal crimen se encuadra dentro de los numerosos atentados que tuvieron lugar en las últimas semanas de 1976 y a lo largo del negro mes de Enero de 1977, contra organizaciones y ciudadan@s opuestos al régimen franquista. Éste fue de los más dolorosos.

El grupúsculo armado fascista buscaba al dirigente comunista Joaquín Navarro, cabeza del Sindicato de Transportes de CC.OO., a quien la suerte acompañó por haber salido ya del despacho, pues acababa de finalizar una reunión que trataba la huelga de transportes y aguardaba en otro lugar la llegada de sus compañeros, que nunca llegaron.
Rodríguez Leal fue la primera víctima. Por esas casualidades que nos depara el destino, había dejado unas cañas en un bar cercano, para volver a su lugar de trabajo en busca de unos papeles olvidados en el despacho. Después de que atentaran contra él, los pistoleros asesinos, miembros del “comando Roberto Hugo Sosa”, registraron el piso en busca de Navarro. Fue así como descubrieron, en una de las salas del piso, a los ocho abogados laboralistas.

Además de Rodríguez Leal, Luis Javier Benavides y Enrique Valdevira resultaron muertos en el acto. Gravemente heridos fueron Dolores González Ruiz (viuda de Sauquillo), Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos Pardo, Serafín Holgado y Francisco Javier Sauquillo. Estos dos últimos fallecerían horas después de su ingreso en el hospital.

Esta masacre fue siempre considerada como una clara operación de la extrema derecha perpetrada con los sectores más extremistas de los Servicios del Estado. El objetivo: condicionar el proceso democrático, en previsión de que los sectores comunistas organizaran una respuesta insurgente que conllevara una respuesta, a su vez, del Ejército. Todo bien urdido con el único fin de reimplantar una dictadura militar. Al día siguiente, la conmoción del asesinato dio lugar a una multitudinaria manifestación encabezada por el PCE que contó con el apoyo de toda la militancia de la izquierda y resto de fuerzas demócratas. Partieron del Palacio de Justicia, donde se encontraba la sede del Colegio de Abogados que acogió la capilla ardiente –no sin arduas negociaciones con los altos funcionarios. Todo ello, haciendo gala de templanza a pesar de la ira.

El PCE logró un punto de inflexión con tamaña demostración de fuerza; y eso daría que pensar a Adolfo Suárez, preocupado porque su obra política pudiese estar en peligro. La matanza de Atocha y la fuerza de la izquierda mostrada en la manifestación -sumaba más de 100.000 madrileños- haría plantearse al Presidente, desde ese momento, si era posible llegar a las elecciones generales con el PCE fuera de la Ley. En contra de todo pronóstico, el asesinato de aquellos comunistas de cuernos y rabo generó un sentimiento de solidaridad entre la población. Incluso algunos piensan que el macabro acontecimiento fue decisivo para la legalización del PCE, autorizado por el gobierno de Adolfo Suárez meses más tarde.

El 12 de marzo de 1977 fueron detenidos los principales sospechosos del atentado (siempre se suelen dar los nombres de las víctimas y no de los verdugos): los ultraderechistas Carlos García Juliá, José Fernandez Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada, así como el entonces secretario provincial del sindicato de transportes, Francisco Albalejo. Un mes más tarde se procesó a siete personas. En febrero de 1980 se celebró el juicio en la Audiencia Nacional y, durante la vista, fueron llamados a declarar conocidos dirigentes de la extrema derecha española, como Blas Piñar y Mariano Sánchez Covisa.
La Audiencia condenó a los acusados a un total de 464 años de cárcel. José Fernández Cerdá y Carlos García Juliá, autores materiales de los hechos, fueron condenados a 193 años de prisión cada uno; Francisco Albadalejo Corredero (fallecido en la prisión de Valladolid en junio de 1985), a 63; Leocadio Jiménez Caravaca (fallecido en julio de 1985 de un cáncer de laringe) a 4 años y un día, y Gloria Herguedas Herrando, a un año.
Uno de los encausados, Fernando Lerdo de Tejada, no llegó a comparecer porque se dio a la fuga en abril del 79 mientras disfrutaba de un permiso. Otro de los encausados, Simón Ramón Fernández Palacios, falleció el 23 de enero de 1979.

La primera convocatoria democrática a las urnas significó la traducción de todos estos sucesos en clave electoral. El resultado fue la caída de los votos del PCE debido, según dicen, al silencio como principal responsable. Las expectativas del PCE eran otras, principalmente debido al nivel de militancia que entonces existía, y generó una grandísima frustración al recibir un apoyo tan discreto. Un trasvase de votos que se forja, indudablemente y, como ocurre desde entonces, del PCE al PSOE, partido que, curiosamente, no estuvo presente, al menos como tal, en los procesos iniciales de la transición.

[…] Son, como años atrás hubo tantos protagonistas anónimos en la lucha antifranquista, los costaleros de la democracia, como suele llamarles Nicolás Sartorius; la transición no fue un proceso solamente institucional; fue un proceso aceptado, buscado, trabajado y dolido por los militantes del entonces ilegal PCE, de las CCOO, de UGT, de los militantes socialistas y de los demás partidos de la izquierda. Un proceso que es inseparable de la memoria antifranquista, de la lucha por la libertad en España, por la libertad política que fue usurpada por el golpe de Estado del 18 de Julio de 1936 [...]
“La memoria incómoda: Los Abogados de Atocha 1977/2002”

Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell.

CONVOCATORIAS

Homenaje a los abogados de Atocha: día 24 de Enero a las19:00 en la estatua El Abrazo, en la Plaza de Antón Martín (Madrid).

A las 11:00, en el Salón de Actos de CCOO (C/ Lope de Vega, 40), la Fundación Abogados de Atocha otorga en esta edición el Premio Abogados de Atocha a las “mujeres de los presos políticos del franquismo, un colectivo del que no se habla apenas cuando se apela a la lucha por la libertad del país, siendo las grandes olvidadas tanto por el conjunto de los ciudadanos como por las instituciones.”